Ideas sueltas para una posible propuesta de Régimen Penitenciario en Colombia
2013/ JUNIO
6/ CAMPAÑA TRASPASA LOS MUROS/
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| Cárcel de Bellavista. Foto: Manuel Saldarriaga/El Colombiano. |
Desde la
Campaña Traspasa los Muros difundimos este artículo del prisionero político de
guerra Jairo Antonio Fuentes, recluido en la cárcel de Bellavista en Medellín y en ruptura
judicial:
Comienzo diciendo que es
bastante irónico y contradictorio, que un prisionero y más aún, alguien que se
ha alzado en armas contra el actual régimen, se ponga en la tarea de dar ideas
para un proyecto de régimen penitenciario. Suena algo así como si Espartaco, se
hubiera tomado la molestia de diseñar la cruz en la que sería colgado por
haberse revelado contra el imperio Romano. De manera que desde mi lugar, la
propuesta que encuentro más conveniente es que las cárceles sean abolidas,
dando este sistema “correccional” como superado, debido a que a lo largo de su
existencia ha demostrado su ineficacia para los objetivos propuestos, no solo
por el capitalismo, si no por cualquier otro sistema social.
Sin embargo y dado que como
dijo José Martí, estoy dentro del monstruo y conozco sus entrañas, me he
tomado el atrevimiento de expresar algunas ideas sueltas para la elaboración de
una posible propuesta de régimen penitenciario en Colombia, con el ánimo de
contribuir a la discusión tendiente al análisis, formulación u elaboración de
una política criminal, que responda a las realidades de nuestra sociedad,
convulsionada por múltiples factores de violencia.
Como la idea no es
profundizar en el tema de la criminología, aspecto que de todas maneras habrá
que discutir, puesto que es lo fundamental para determinar el tratamiento
penitenciario, dado que este es uno de sus derivados, me centraré en este de
manera más puntual.
INGRESO
Partimos de que la persona
ha sido enviada a un establecimiento carcelario, bien sea porque ha sido
condenada o se encuentra sindicada por algún delito, para el que el estatuto
procesal penal, no contempla la excarcelación o el juez considera que la
persona no es merecedora de la medida sustitutiva.
A pesar de que en el actual
régimen, se establece que los sindicados estarán separados de los condenados,
en la práctica eso no es posible, dada la estructura de las cárceles y el alto
índice de hacinamiento. Desde el momento del ingreso, el confinamiento se hace
de manera indiscriminada sin importar la situación jurídica del ingresado.
Las celdas primarias o de
recepción, más conocidas como jaulas o perreras, con mucha razón por parte de
los presos, son eso: jaulas para perros. Donde lo que le importa al guardián de
turno es que todo el que llega permanezca encerrado en ellas, a no ser que sea
una persona perteneciente a la clase en el poder, las que son tratadas con toda
deferencia y considero que eso está bien. Lo que está mal, es que el resto sean
tratados como perros rabiosos, negándose de entrada la dignidad que es
inherente a todo ser humano y que además está constituida como derecho
fundamental en la carta política.
Es necesario entonces que en
un nuevo régimen, las cárceles tengan las suficientes celdas de recepción;
donde se puedan mantener separados a los presos según su situación jurídica, su
perfil psicosocial y su grado de vulnerabilidad o agresividad según sea el caso
y de esa manera evitar los robos, enfrentamientos y abusos de los presos más
avezados, sobre los más débiles.
PABELLONES
De igual manera, en cada
centro de reclusión se debe garantizar la existencia de pabellones que permitan
la separación de los internos e internas, según su situación jurídica y su
perfil psicosocial. La convivencia debe ser promovida pero no obligada, como
sucede actualmente. Según el argumento falaz esgrimido por las directivas del
INPEC, guerrilleros y paramilitares “deben” convivir en los mismos pabellones
para que aprendan a tolerarse y como muestra de reconciliación. Cabe hacerse la
pregunta: ¿a un condenado por homicidio, se le recluiría en el mismo pabellón
donde por ejemplo se encuentre un familiar de la víctima? Si la respuesta es
positiva, entonces, al mejor estilo socrático surge la siguiente cuestión: ¿por
qué el ordenamiento jurídico contempla, que uno de los impedimentos para
otorgar la detención o prisión domiciliaria, es que el lugar de reclusión
no sea el mismo del domicilio de la víctima?
SISTEMA PROGRESIVO
Dentro del tratamiento
penitenciario se contempla como método el sistema progresivo, complementado con
el PASO (Plan de Acción y Sistema de Oportunidades). En este sistema se establecen
las fases de seguridad, alta, mediana y mínima. Actualmente las mismas están
determinadas por el cumplimiento de una parte de la pena impuesta, por ejemplo:
para acceder a la fase de mediana seguridad, se debe haber cumplido la tercera
parte de la condena, contado entre tiempo físico de detención y tiempo de
redención reconocido por el juez, siempre y cuando el consejo de evaluación y
tratamiento estime que ha logrado los objetivos propuestos para esa etapa del
tratamiento.
La propuesta es que al
momento del ingreso, se evalúe el tipo de delito, la condena y el perfil
psicosocial de la persona condenada, pues no todas merecen el mismo tratamiento
ni las mismas medidas de seguridad. Además, teniendo en cuenta que un buen
número de condenas son por delitos menores, cuya permanencia en prisión es de
apenas unos meses y en las que ni siquiera alcanzan a ser evaluadas y
clasificadas en fase.
REDENCIÓN DE PENA
Actualmente se contemplan
varias actividades válidas para redención de pena: Estudio y enseñanza,
actividades deportivas, artísticas y literarias, y trabajo. Este último es el
más estimulado con el tiempo de redención en algunas actividades como el
rancho, el aseo y el reciclaje, por lo que son más apetecidas por los presos,
dado que otorgan hasta 15 días de redención al mes; mientras que el estudio y
la enseñanza, solo alcanzan los 10 días, cuando no hay días festivos.
La certificación de las
horas se hace por asistencia y se adiciona un concepto que determina si el
alumno o el trabajador desempeñaron la labor satisfactoriamente, por lo que la
mayoría de los que asisten sobre todo a las actividades de estudio, lo hacen
simplemente para responder al llamado a lista, sin interesarse en absoluto por
las actividades académicas.
La propuesta es que se incentive más el estudio, estimulándolo con más tiempo de redención, que no se otorgaría solo por asistencia si no por logros académicos. Por ejemplo: si alguien ingresa a la cárcel sin saber leer ni escribir y se dedica a aprender, se le otorgará un porcentaje de tiempo válido para redención de pena. El porcentaje se irá incrementando conforme se vaya avanzando en los grados y los niveles académicos, siendo sí que el que termine una carrera universitaria debidamente certificada por una institución educativa, obtendrá un porcentaje mucho mayor que el que termine la primaria. Los costos académicos serán totalmente subsidiados por el estado.
En el caso de los
drogadictos, implementar el programa ya existente de comunidad terapéutica,
asignando los profesionales que realmente se necesiten para el tratamiento. La
redención de pena, además de la asistencia al programa, se otorgará por el
grado de rehabilitación que alcance, certificado por un equipo médico
interdisciplinario.
JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS
Los jueces de ejecución de
penas, tendrán su despacho en las instalaciones del centro penitenciario o
carcelario para que los condenados puedan acceder con más facilidad al momento
de elevar sus peticiones.
Se debe resolver la
dicotomía entre algunas funciones que aparentemente están separadas o
complementadas, pero que en la realidad se encuentran en colisión entre los
cuerpos colegiados de la cárcel y el juez de ejecución de penas. Por ejemplo:
Al momento de resolver las peticiones de beneficios administrativos, el consejo
de evaluación y tratamiento o el consejo de disciplina, emiten un concepto
favorable que en muchos casos no es tenido en cuenta por el juez. Entonces, o
se validan los conceptos de los cuerpos colegiados de los establecimientos
carcelarios, o se eliminan y se dota a cada juzgado de ejecución de penas de un
equipo asesor para que este sea el que haga el estudio que permita emitir el
concepto para los beneficios administrativos y la libertad condicional.
REGIMEN DISCIPLINARIO
A pesar de que en la
Constitución está contemplado el derecho de libre expresión, asociación y
reunión, dentro de las cárceles este no es respetado; comenzando porque en el
código penitenciario se contempla como falta grave, la protesta pacífica y de
facto, se sanciona el acto de expresarse, pues cuando se ejerce la consecuencia
casi inmediata es el traslado.
Nadie debe ser sancionado
con pérdida de visitas, por ser estas el mayor aliciente psicológico dentro de
las prisiones. Las sanciones se aplicarán con la reducción de un porcentaje en
la redención de pena.
COMUNICACIONES
Se debe permitir el uso de
celulares, ya que al igual que en la vida en libertad, la mayoría no los usa
para cometer delitos, si no para comunicarse con sus familiares, amigos y
conocidos. Para el control, se puede establecer un registro donde conste el
nombre del dueño del equipo, que puede ser vendido por el mismo INPEC o por una
empresa mediante comodato. Si es el caso el sistema no permitiría las sim card.
La prohibición de estos
aparatos viene siendo aprovechada por algunos miembros del cuerpo de custodia y
vigilancia para cobrar altas sumas de dinero por su ingreso y luego recibir
sobornos por no decomisarlos o por no pasar el informe de la incautación,
configurándose así un negocio que da ganancias por todo lado.
VISITAS
Se deben estandarizar los reglamentos para las visitas, independientemente de que se esté en una cárcel de alta o de mediana seguridad. Para que las mismas se garanticen, las personas privadas de la libertad deben estar en un lugar cerca al domicilio de su familia.
Las visitas íntimas se deben
garantizar en el mismo dormitorio del recluso, sin la presión de un cronómetro
y de tener que hacer el acto sexual en el mismo lugar donde minutos antes lo
han hecho otros.
Para el caso se las parejas
cuyos dos miembros se encuentren privados de la libertad, se debe garantizar su
permanencia en un establecimiento mixto, a fin de facilitar sus encuentros y su
contacto íntimo. En España, por ejemplo, existen cárceles para parejas con
hijos menores de edad.
SALUD
Todo centro de reclusión
debe contar con un hospital de tercer nivel, para garantizar la atención
oportuna y eficaz a la población interna. El personal médico y administrativo
debe ser de planta del INPEC o de la entidad que se encargue de las cárceles.
ALIMENTACIÓN
En el momento, los contratos
de alimentación solo han beneficiado a los dueños de los consorcios que han
resultado ganadores de las licitaciones, gracias a la mala calidad de los productos
que compran para la preparación de los alimentos y la maquila que ejercen el
gramaje que se debe suministrar a cada uno de los internos.
Los únicos presos de los que
se podría decir que reciben algún beneficio por el actual régimen de alimentación,
son los llamados rancheros, que en medio del trabajo extenuante que deben
iniciar desde las 2 ó 3 de la madrugada, pueden disfrutar de una comida
preparada exclusivamente para ellos y por ellos mismos, a parte del salario
mínimo que reciben por parte del consorcio y los 15 días de redención por cada
mes laborado.
La propuesta es que se
instalen restaurantes en cada uno de los pabellones, donde los internos puedan
comprar su alimentación, de acuerdo a un menú que se les ofrecerá con
anticipación y con varias opciones. El pago se hará mediante una tarjeta débito
a la cual se le cargará un subsidio estatal correspondiente al monto que se le
paga al consorcio por la alimentación suministrada a cada interno, más los
aportes que hagan los familiares o amigos, como funciona hoy el sistema de
expendio. El expendio funcionará a la par con el servicio de restaurante.
CUERPO DE CUSTODIA Y
VIGILANCIA
El cuerpo de custodia y
vigilancia no puede ser únicamente el encargado de abrir, cerrar rejas y
candados y evitar que los presos se fuguen. Cada uno de sus miembros debe
entender que se encuentra con la responsabilidad de atender a un grupo de
personas en un proceso de reflexión sobre sus vivencias y a lo mejor, en
búsqueda de un verdadero proyecto de vida. Por lo tanto, cada guardián debe
como mínimo estar estudiando o haber aprobado una carrera académica en
cualquier área de las conocidas como ciencias humas y sociales.
La labor más que policiva
debe ser psicológica, por lo que los militares y policías en actividad o en
retiro, no son los más llamados a ocupar ningún cargo dentro de la institución
que se encargue de administrar las cárceles, haciéndose necesario que a estos
cuerpos accedan únicamente personas que hayan hecho la carrera penitenciaria.
EPÍLOGO
Ratifico nuevamente que la
solución es que se encuentre una manera de prevenir el delito y si
definitivamente este se cometió, se vea la manera de corregirlo y reparar el
daño causado, sin necesidad de privar de la libertad al responsable y menos si
es aislándolo de la sociedad, de su núcleo social y de su ambiente cultural; a
no ser que sea considerado un enfermo mental, para lo cual no se requiere una
cárcel sino un sanatorio.
Como no soy abogado ni
criminólogo, el anterior escrito solo es un modesto aporte a la discusión sobre
el asunto, esperando que a alguien le interese y sirva de base mínima para
ordenar una propuesta seria y bien estructurada con el aporte de muchas otras
personas incluidas las que se encuentran privadas de la libertad y de las que
no pero que se preocupan por el alto índice de delincuencia existente en
nuestra sociedad y la manera irracional e inhumana como esta es tratada,
respondiendo más a un sentimiento instintivo de venganza que al deseo por la
recuperación del infractor de la ley.
Para esto es necesario que
se revise la costumbre del Congreso nacional de querer convertir todo en
conducta delictiva, aumentando el problema, sin centrarse en la búsqueda de la
solución.
Carta al Presidente: Movimiento Carcelario plantea soluciones a la crisis carcelaria
2013/
ABRIL 2/ Carta al Presidente/ MovimientoNacional Carcelario/
 |
| Imagen: Campaña Traspasa los Muros. |
Señor:
Presidente de la República Doctor Juan Manuel Santos Calderón
E.
S. H. D.
Cordial
saludo,
Referencia: Derecho de
petición art 23 de la CN arts. 13 y 14 de la ley 1437 del 2011 del nuevo CCA.
Asunto: Planteamiento y
solución de la emergencia social carcelaria.
Amparados
bajo la constitución y las leyes vigentes solicitamos.
Los
reclusos abajo firmantes pertenecientes al Movimiento Nacional Carcelario (MNC)
confinados en las cárceles y penitenciarias de: Cómbita, Barne, Chiquinquirá en
Boyacá, Palo Gordo, Modelo en Santander, la Tramacua en Valledupar Cesar, Doña
Juana en Dorada Caldas, San Isidro en Popayán, ERON y penitenciaria Picota,
Modelo y Buen Pastor en Bogotá, Pedregal, Puerto Triunfo, Bellavista, Santa
Inés en Antioquia, Modelo y ERON en Cúcuta Norte de Santander, Coiba y Picaleña
en Ibague Tolima, Alcatrás en Acacias Meta, Las Mercedes en Montería Córdoba,
El Cunduy en Florencia Caquetá, Rivera en el Huila, La Pola en Guaduas
Cundinamarca, Mocoa en El Putumayo, Ana Yancy en Quibdo Chocó, Santa Rosa de
Bitervo, La Vega en Sincelejo Sucre y en representación de todos los presos y
con el respeto que su investidura y función nos merece, queremos a través de
este medio hacerle llegar un documento preliminar que recoge las discusiones y
análisis de la grave problemática social en cárceles y penitenciarias del país
en el marco de las constantes deliberaciones que por todo el país las mujeres y
los hombres en reclusión realizan en aras de buscar la solución definitiva al
estado de cosas inconstitucionales al interior de las prisiones la que no es
ajena a la crisis social y humanitaria de todos los colombianos.
PUNTOS A
SOLUCIONAR:
SALUD
Solución
a nivel general "Colombia", centros carcelarios.
Como
es de conocimiento de parte del estado los servicios de CAPRECOM han sido
deficientes y han incumplidos con los deberes asignados en la contratación a
partir del decreto 1141 del 01 de abril del 2009 donde el gobierno nacional
reglamento la afiliación de la población reclusa al sistema general de
seguridad social en salud; como petición principal en este aspecto es que el
INPEC asuma la responsabilidad directa, integral y programática de salud que se
ajuste a las necesidades reales de cada centro de reclusión según la
normatividad de la ley 65/93.
El
asunto consiste en que una empresa asignada a preservar la salud y la vida de
los internos, soporte más de 3.000 tutelas y aun este vigente, a pesar de las
batallas innumerables por parte de nosotros los internos; vemos con asombro que
el estado de acuerdo a las facultades que se le otorgan y en especial a usted
señor presidente mediante el art 18 de la ley 1444 del 2011 de crear entidades
u organismos de rama ejecutiva del orden nacional donde se creó la unidad de
servicios penitenciarios y carcelarios (SPC) lo cual tenía como finalidad el
apoyo administrativo y de ejecución de actividades que soporten al INPEC para
el cumplimiento de sus objetivos de modo más eficiente decreto 4150 del 03 de
noviembre del 2011; toda esta suerte de situaciones nos lleva a pensar que hay
intereses burocráticos mas no de preservación de la vida e integridad de la
población (carcelaria) reclusa: pues a la creación de esta unidad no solo
persiste la problemática si no que ha empeorado. Rememoremos que la salud como
derecho fundamental en el ser humano entendida como el disfrute del más alto
nivel posible del bienestar físico mental y social que incluye, entre otros la
atención médica, psiquiátrica, odontología adecuada la disponibilidad
permanente de personal médico idóneo e imparcial, el acceso a tratamientos y
medicamentos apropiados y gratuitos, la implementación de programas de
educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de
enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole y las medidas especiales
para satisfacer la necesidades particulares de salud de las personas privadas
de la libertad, pertenecientes a grupos vulnerables o de otros riesgos tales
como: las personas adultas mayores, los discapacitados portadores de (VIH)
sida, tuberculosis y los de fase terminal; el tratamiento deberá basarse en
métodos científicos y aplicar las mejores prácticas.
Concluye
este punto Señor presidente, las estrategias implementadas por el Gobierno
Nacional han sido excesivamente vagas y generales en establecimiento de
competencias y funciones y responsabilidad para garantizar de manera efectiva
el derecho de la salud de los reclusos.
HACINAMIENTO
Los
reclusos de las diferentes cárceles de Colombia nos encontramos de nuevo frente
a un problema que tiene visión de convertirse en mayor si no se realiza la
eficaz intervención que esta vez corresponde al gobierno Nacional; dada la
persistencia de las circunstancias violatorias de los derechos fundamentales de
los internos; recordemos lo calificado por la corte constitucional en Sentencia
T-153 de 1998, como un "estado de cosas institucionales"; 15 años
después este importante fallo y pese a lo reiteradas a las recomendaciones
proferidas por organismos internacionales de derechos humanos (DD-HH),
dirigidos al estado colombiano sobre la grave situación en esta materia la
persiste y se reduce diariamente sin que se asuman planes o políticas públicas
que profundicen en el análisis de cada una de las situaciones violatorias
evidenciadas y que se solucione de manera efectiva dicha crisis, creemos que es
una rentabilidad la privación de la libertad a gran escala -industrialización
de la prisiones- garantizando de esa manera el incremento de gasto en las
inversiones. En construcción, contratación de servicios públicos y
alimentarios, vestuario, explotación laboral entre otras formas del monopolio
del capital atreves de la prisión sumado a ellos que las nuevas leyes punitivas
coartan el derecho a la libertad dado que existen penas de prisión elevadas,
represivas las que no permiten dar beneficios administrativos y subrogados
penales, convirtiendo la cárcel como método de venganza y pena de muerte., este
concepto de hacinamiento en que las cárceles. De seres humanos, es el resultado
del desconocimiento de constitucionalidad al crear delitos para imponer penas
contrarias a la muchedumbre que en suma son los marginados por el estado para
tal problemática estructural (del estado) queremos remitirnos a la carta magna
para que se restauren los derechos que se encuentran coartadas en la ley como
son:
A) DERECHO A LA
LIBERTAD ART.29 DE LA CN.
Trayendo
a colección que los administradores de "justicia" al negar los
beneficios administrativos y subrogados penales oiga se por no pagar la multa
impuesta en sentencia condenatoria, aplicación de leyes que contraria la
constitución se vulnera y por el contrario si da para que dicha pena de
prisión, sea por deuda con el estado, medidas imprescriptibles que vulneran de
manera directa el debido. Proceso que tiene que ver con la pena y la resocialización
del prisionero.
Así
las cosas y tratándose de solucionar este problema de sobrepoblación carcelaria
por las medidas adoptadas por los jueces de ejecución de penas y medidas de
seguridad han colmado los penales de reclusos con derecho a la libertad
condicional y otros subrogados penales, también. Existen atrasos de las
evaluaciones por parte del ser en los penales, de los cuales congestionando un
elevado de solicitudes sumado a que los jueces de ejecución de penas y medida
de seguridad no hacen un seguimiento adecuado de la pena y debemos recurrir a
innumerables tramites o tutelar para lograr ser escuchados lo susodicho tiene
acervo en el art 51 de la ley 65 del 93 que los juzgados de ejecución de pena
de seguridad deben hacer visitas periódicas al interno, las condiciones que
viven y sus necesidades.
B).DINIDAD
HUMANA.
Queremos
proponer como solución se cree una legislación de emergencia a la política
criminal penitenciaria donde se retome la propuesta de la rebaja de penas la
cual sería asta de un 50% y sea estudiada la posibilidad de plantear ante el
honorable congreso de la república la alternatividad penal, fijando penas de
prisión re socializadoras que puedan ser de manera coherentes y humana, acorde
a los postulados internacionales de la ONU, DEIH, RMPTR, PBPLA. No pedimos impunidad,
clemencia, lástima, pedimos respeto por la dignidad humana ya que las leyes
preexistentes vulneran. Nuestra constitución y de paso los mismos servidores no
aplican la ley permisiva o favorable pues la están aplicando exegéticamente con
el argumento de que no hay delincuentes recuperables dudando. Así del objetivo
con que fue creada la pena de prisión que es la posibilidad que tiene el sujeto
frente al castigo pues esa posición del estado y los jueces demuestran que en Colombia
si existe la cadena perpetua y la pena de muerte simbólica por el quantum de la
pena que en la práctica se va materializando por las diferentes leyes que
anulan o restringen los beneficios administrativos y otros que es lo que ahora
acontece. Como es sabido en Colombia el derecho es rogado lo que hace que
amenidad que el interno necesite sus beneficios administrativos y lo subrogados
penales, aparecen una serie de obstáculos que prolongan en el tiempo la
privación de la libertad y una serie de costos económicos el cual el recluso no
tiene como sufragar; no hay criterios unificados y definidos en la ley que
permitan el desarrollo real ilegal de la norma, puesto que en unos distritos
judiciales conceden los beneficios de subrogados penales mientras que en otros
no. Es claro que el infractor no necesita represión o tortura lo que necesita
es una oportunidad en la sociedad, hacerlo útil a la misma y a la familia.
Con
todo lo anterior no puede cohonestar el gobierno nacional el hecho de que se
esté presentando la anomalía y persistente situación en las cárceles de país,
consistente en un hacinamiento que supera del 53%, y que tal circunstancia
tiende a aumentar y perpetuarse ante la mirada pasiva del estado colombiano.
Por ej: datos recientes revelan la alarmante cifra de 7550 presos en Bellavista
con un hacinamiento superior del 300% igualmente ocurre en Villa Hermosa Cali
5800 presos, Pedregal 2400, Ibagué 3050, Ternera 2300, Montería, Riohacha,
Cúcuta, Modelo Bucaramanga, Modelo Bogotá, Picota entre otras muchas teniendo
en cuenta las anteriores estadísticas le peticionamos que decrete la "EMERGENCIA
SOCIAL CARCELARIA" ante el colapso del sistema penitencial
carcelario, para que a su vez el legislativo promulgue las leyes a que allá
lugar para el restablecimiento y ordenamiento del sistema penitenciario y que haciendo
uso de que sus facultades como suprema autoridad administrativa del país
realice todas las actividades necesarias para poner pronto fin a esta delicada
situación, vinculada con la conservación del orden público y con la violación
crónica y sistemática de los más elementales derechos humanos:
De
lo anteriormente argumentado, solicitamos como método idóneo y eficaz para
descongestionar los penales y además como una nueva oportunidad de reintegrarse
a la sociedad y al único nexo real que permanece vigente que está constituido
por la familia por ello es imperativo tener en cuenta esto:
1)
Rebaja de hasta un 50% de las penas para todos presos de Colombia, todos los
delitos sin excepción.
2) Aumentar el número de jueces de pena y medida de seguridad de los diferentes distritos y judiciales del país.
3)Implementar un acuerdo con las universidades de las diferentes regiones para que los estudiantes de derechos hagan sus pasantías apoyando las diferentes oficinas jurídicas de los establecimientos penitenciarios con el propósito fundamental de agilizar peticiones, solicitudes de los reclusos que actualmente se encuentran represadas por falta de personal.
4) Que los jueces especializados no sigan siendo asimilados a los jueces extraordinarios pertenecientes a una jurisdicción especial, se trata de funcionarios judiciales que hacen parte de la justicia ordinaria y quienes tiene bajo su ámbito de competencia ciertas conductas punibles. Pero no por ello implica desconocimiento de las garantías procesales y sustanciales básicas; por lo tanto requerimos que las personas que resulten condenadas por algún delito de competencia de estos funcionarios se encuentren sometidos a un mismo rasero cuando de beneficio se trata, pues de lo contrario se estaría violando el derecho a la igualdad contenido del art. 13 de la CN. toda vez que existe normatividad aplicable para establecer un equilibrio de igualdad frente a las demás personas internas.
5) Que el gobierno nacional disponga de los recursos necesarios para dar el óptimo cumplimiento de los puntos citados.
REFORMA A LA LEY
65 DEL 93.
Para tan importante tema le queremos manifestar al señor presidente permitir la creación de una comisión de internos a nivel nacional para participar de forma directa en las discusiones sobre la reforma del código penitenciario actual (ley 65 del 93) ya que la finalidad de dicho código es alcanzar la resocialización, pues actualmente la política carcelaria está caracterizada por denotar un tinte de venganza frente al infractor para lo cual le proponemos lo siguiente:
A) Acercamiento
familiar o procesal.
Dentro
del actual código penitenciario art 75 enumera las causales que dan lugar al
traslado de los reclusos las que solo se aplican como medidas de castigo por
una presunta o real falta al régimen disciplinario, desconociendo que la pena
del infractor tiene una función, preventiva y determina asi mismo que su
objetivo fundamental consiste en obtener la resocializacion; entonces si
hablamos de resocializacion donde queda el rol que desempeña la familia en la
vida del recluso?
Recordemos
que la participación activa de la familia en la resocializacion del interno es
indispensable por este el pie de apoyo del condenado durante el tiempo de su
reclusión y sera su referente de llegada una vez salga de prisión, pues tanto
es así que en art 143 de la ley 65/93 expresa: que el tratamiento penitenciario
se verifica a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad
cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Pero cuando un
recluso solicita su traslado a su lugar de origen o cerca a la residencia a su
núcleo familiar es rotundamente negado, porque en las causales de traslado de
art 75 de la ley 65/93 lasa razones familiares no están previstas allí, al
menos no de manera expresa; no obstante el art 1 del decreto 1542 de junio 12
del 1997 está vigente y no es aplicado, desestimando los intereses del recluso
y desarticulando su nucleo familiar, como si esto fuera poco existe gran número
de sentencias por parte de la Honorable corte Constitucional que llenan el
vació en cuanto se refiere a las causales del acercamiento familiar entre otras
sentencias T-1275/2005 sentencia T-412/2009 y sentencia T-319/2011.
Otros
puntos son los sobrecostos por traslados innecesarios y remisiones nacionales,
pues se tiene que aproximadamente el INPEC se gasta un Billón de pesos
anualmente, esto sin contar los traslados obligados en tutela y el pull de
abogados permanente que tiene el INPEC para contestar tutelas al respecto; y
únicamente en contra del INPEC existen más tutelas por traslados y salud que de
otra índole. Incluso es el ente gubernamental en quien recae la cantidad más
elevada de interposiciones de tutelas en el país, en este asunto neurálgico que
atenta contra la dignidad humana el núcleo familiar y el derecho de los niños;
solicitamos la inclusión. En las causales de traslado del nuevo código el acercamiento
familiar y la inmediación judicial.
MINIMO VITAL
En cuanto a este punto el hecho de la privación de la libertad judicialmente declarado sumado al de la reclusión efectiva convierten al recluso en titular del derecho a la dotación cuyo administrador de cada penal tendrá el deber jurídico correlativo de suministrarlo.
Esta
relación jurídica es fácilmente traducible en términos constitucionales así: el
recluso es titular al derecho fundamental al mínimo vital.
El
punto clave es determinar y dejar estipulado claramente dentro del nuevo código
cual es el contenido del mínimo vital la periodicidad del mismo la cantidad o
en otros términos cuál es su termino de protección, o si se quiere en términos más
técnicos, cual es en definitiva la prestación debida pues en lo dispuesto por
el legislador en el art 67 ley 65/93 no quedan regulados con precisión.
NO A LA
EXTRADICION
Por principio de dignidad patriótica y soberana, queremos expresar de manera categórica nuestro inconformismo con la extradición de nuestros hermanos colombianos a penales extranjeros pues nada más alejado del respeto por nuestra soberanía nacional y el desconocimiento, desconfianza del sistema judicial nuestro, demostrado al enviar nuestros compatriotas para que sean juzgados en otros países como si no tuviéramos leyes establecidas; es digno que juzguen los nuestros en otros países y nosotros no poder juzgarlos a ellos con nuestra normativa?. Pues una cosa es que no tengamos operadores de justicia actos, y otras las normas ya establecidas que de no ser efectivas se acudirá a la constitución. Igualmente solicitamos que a los colombianos presos en el extranjero sean repatriados ya que las embajadas hacen oídos sordos al dolor y necesidad de nuestros hermanos colombianos en el extranjero, este legítimo derecho que recae en las embajadas y consulados no funciona por la indiferencia del estado en general por lo que es urgente repatriar a los nuestros y de paso enviar a sus países de origen a los extranjeros presos en colombia y con ello aliviar el sufrimiento de no ver a sus seres queridos entre otras.
MESA DE TRABAJO
Y COMISION DE RECLUSOS
Pedimos restablecer las mesas de trabajo en todas las cárceles y penitenciarias a nivel nacional y de paso permitir la creación de una comisión de reclusos a nivel nacional, con soporte jurídico para futuros acercamientos con delegados del gobierno nacional, para tratar los temas carcelarios y de contera entrar a tener soluciones de corto mediano y largo plazo; las primeras como mecanismo de discusión al interior de los penales para así enviar las conclusiones a la comisión Nacional de reclusos que entrarían a dialogar con la comisión gubernamental, para tal fin escogemos la jurisdicción de Cundinamarca como escenario pues facilitaría la ubicación temporal de los voceros y a su vez nos permitiría esta logística para alternar con nuestros futuros asesores externos (ONGs) las que también serían importantes e indispensables permitir su asistencia a los debates al nuevo código y que sean escuchados sus propuestas al igual que nuestros voceros en el Congreso.
Desde
ya aclaramos que con el restablecimiento de las mesas locales de trabajo no se
pretende renunciar a la participación activa de la delegación para la creación
de la comisión a nivel nacional.
Adicionalmente
señor presidente queremos manifestarle que para los días 9,10 y 11 de abril las
cárceles en cita y otras haremos una huelga de hambre y desobediencia pacifica
con el único propósito de visibilizar y sensibilizar tanto al gobierno nacional
como a las entidades administradoras de justicia para que desde el congreso de
la República se legisle en pro de buscar soluciones contundentes y efectivas a
esta problemática y de contera que se permita la creación de la comisión ya
mencionada.
Igualmente
le manifestamos de forma humilde y respetuosa que de no encontrar oídos
receptivos y soluciones el (MNC) convocara paulatinamente a desarrollar huelgas
y desobediencias pacíficas hasta conseguir lo peticionado y desde ya
responsabilizamos al gobierno nacional, al congreso de la República que las
consecuencias que acarreen las jornadas de huelga y protesta, las que estarán
sujetas a la ley como lo estipula el art. 37 de la CN, y clamor nacional de
soluciones sociales y no represivas ante una política criminal penitenciaria
que colapso, pues los métodos utilizados hasta el momento han demostrado su
ineficacia.
Agradecemos
señor Presidente su atención y deseando que nuestras peticiones sean atendidas
favorablemente.
Cordialmente.
Gustavo
Arvelaez Cardona TD 4499 patio 1 penitenciaria de Cómbita-Boyacá.
Tulio
Murillo Avila TD 202956 Patio 6 cárcel Modelo de Cúcuta-Norte de Santander.
José
Marbel Samora Pérez TD 5606 torre 5 penitenciaria de Valledupar-Cesar.
José
Augusto Bernal Romero TD 2001 patio 1B Penitenciaria Doña Juana Dorada-Caldas.
Darwin
Detancour Muñoz TD 57020 patio 14 carcel ERON Picota-Bogotá.
Luis
Alberto Castañeda Estrada TD 840 penitenciaria de Pedregal-Antioquia.
Alfonso
Ramos Perdomo TD 29529 patio 8 cárcel del Barne en Tunja-Boyacá.
Robinson
Rosales Londoño TD 4203 patio 6 de la penitenciaria de Valledupar-Cesar.
Julio
Emilio Usuga Urrego TD 4335 patio 3 penitenciaria de Palogordo en Girón Santander.
Armando
Ruiz Arroyave TD 291939 patio 16 y Nilson Antonio Barrera Villalba TD 291160
patio de seguridad de Bellavista en Medellin-Antioquia.
Doris
Suárez Guzmán TD 187 patio 3 penitenciaria de Jamundi-Valle.
Nelson
David Mora TD 201472 patio 1 cárcel Modelo de Cúcuta-Norte de Santander.
Carlos
Siavato TD 2136 cárcel de Santa Rosa de Bitervo.
Adela
Párez Aguirre TD 66487 patio 6 cárcel Buen Pastor-Bogotá.
Luis
Carlos Collazos TD 10716 patio 8 penitenciaria de San Isidro-Popayán.
Veder
Arias Rojas Patio 6 de la penitenciaria de Alcatrás en Acacias-Meta.
Gustavo
Cifuentes Lozada TD 204644 bloque 3 pabellón A fortaleza de Ibagué Tolima Coiba
Picaleña.
Franklin
Santos TD 4263 cárcel del circuito de Arauca-Arauca.
Rodolfo
Mendoza TD 6318 penitenciaria de El Cunduy en Florencia-Caquetá.
Jose
Leonardo Muños patio 2 de la penitenciaria de Cómbita-Boyacá.
Marzo de 2013
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Movimiento Nacional Carcelario
En Colombia existen cerca de 9.500 Prisioneras y Prisioneros Políticos
2012/ Marzo/ Presos Políticos/ Campaña Traspasa los Muros/
Son
muchas las contradicciones que pasan por la mente de cualquier librepensador/a
al leer la frase pública del ministro de justicia de Colombia al referirse
sobre las y los prisioneros políticos en Colombia, de manera puntual el
ministro ha expresado: “No presos políticos porque aquí no hay presos
políticos, por supuesto no prisioneros de guerra porque aquí no hay prisioneros
de guerra" (1).
"El
gobierno nacional, por intermedio de su ministro de justicia, ha negado el
ingreso de la comisión internacional de observación a las cárceles y
penitenciarias, demostrando su postura de ocultar la crisis carcelaria y la
existencia de los más de 9.500 prisioneros políticos en Colombia".
 |
| Imagen de Azalea Robles |
Sin
embargo, a parte de la negación que el ministro expresa, no se vislumbra
ninguna explicación, para cualquier lector seria simple interpretar que el
ministro dice que no hay prisioneros políticos porque NO, teniendo que
conformarnos como cualquier menor de edad con esa respuesta absurda que durante
muchas generaciones los adultos incapaces de expresar razones le ofrecen a las
y los niños que en un afán de curiosidad preguntan por las cosas más
elementales y simples de la vida.
Pero,
es inaceptable este tipo de respuesta por parte de una figura pública y
representativa del alto gobierno, que no sólo debe tener las facilidades de
dirigirse a un pueblo, sino que debe motivar sus declaraciones.
No
recibimos un NO porque NO, es necesario que en el ejercicio de la democracia
que el gobierno tanto pregona posibilite el debate y explique porque miles de
personas en Colombia se reivindican como prisioneras y prisioneros políticos,
por qué en la ley penal existen delitos políticos (rebelión, asonada, sedición)
y contra los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario (actos
de guerra), y por qué a pesar del reconocimiento del conflicto armado interno
por el primer mandatario del país se pretende desconocer a quienes en razón de
el han sido tomados prisioneros por el Estado Colombiano.
Es
evidente que en Colombia se persiguen conductas descritas como delitos
políticos o de guerra y como consecuencia existen en las cárceles de Colombia
prisioneras y prisioneros políticos, en sus diferentes categorías:
prisioneras/os de guerra, prisioneras/os de conciencia y victimas de montaje
judicial.
Se
abre en el país nuevamente el debate sobre el delito político y la existencia
de miles de personas privadas de la libertad por causas políticas, procesadas o
condenadas por delitos políticos, conexos o relacionadas con la guerra, que a
toda luz evidencian una de las consecuencias del conflicto social y armado
colombiano.
En
nuestro reciente informe "Perspectiva en punto de fuga: Propagación del
Modelo de Represión por Causas Políticas", presentado junto con la
Fundación Lazos de Dignidad al Foro Colombia entre Rejas: En Búsqueda de un
Camino para la Libertad y la Paz, develamos que desde los años 70 han sido
constantes las denuncias sobre la existencia de prisioneras/os políticas/as en
el país. A partir del año 2006, diferentes organizaciones de derechos humanos
han alertado sobre la existencia de alrededor de 7.500 personas privadas de la
libertad por causas políticas en Colombia, sin embargo, el 4 de agosto de 2011,
los Prisioneros de Guerra del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP informaron a la
opinión pública sobre el aumento de esta cifra, estimando la existencia de
aproximadamente 9.500 prisioneras y prisioneros políticos en el país (2).
Según el INPEC (3), al 31 enero de 2012, la población privada de la libertad asciendía a 102.292, hallándose 21.199 de estas personas asociadas a los delitos de rebelión (1.933), concierto para delinquir (8.629), terrorismo (679), actos de terrorismo (54), secuestro (2.541), secuestro extorsivo (2.987), extorsión (4.326), financiación a grupos terroristas (18), utilización de medios y métodos de guerra ilícitos (30), traición a la patria (1) y espionaje (1). Teniendo en cuenta que con la desnaturalización del delito político en Colombia es sistemático que las y los prisioneros políticos sean juzgados por los delitos comunes mencionados al tiempo que son asociados con organizaciones rebeldes (4), lo que conduce a pensar que en Colombia existen entre 9.500 y 21.199 prisioneras y prisioneros políticos.
El
gobierno nacional debe desprenderse de la arrogancia de no reconocer a su
contradictor político y a las miles de personas encarceladas por ejercer la
oposición política, quienes soportan un sin números de violaciones y
comportamiento contrarios al debido tratamiento en reclusión, como sucede con
el prisionero político de guerra JORGE AUGUSTO GARCES BERNAL, aislado desde
hace más de 8 años en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar, por
amenazas de muerte proferidas por parte de paramilitares y por la arrogancia
del INPEC y del alto gobierno de no ceder en la creación de lugares especiales
de reclusión para las y los prisioneros políticos.
El
gobierno nacional, por intermedio de su ministro de justicia, ha negado el
ingreso de la comisión internacional de observación a las cárceles y
penitenciarias, demostrando su postura de ocultar la crisis carcelaria y la
existencia de los más de 9.500 prisioneros políticos en Colombia, por ello, en
la actual coyuntura se hace necesario que la comunidad internacional insista en
que se abran las puertas de las prisiones para observar sus realidades y
verificar la existencia y condiciones de reclusión de quienes se reivindican
como prisioneras y prisioneros políticos.
Trato
Digno y Libertad para todxs lxs Prisionerxs Políticxs en Colombia.
La
lucha social no es un delito, es un paso hacia la libertad!
Campaña
Traspasa los Muros
Marzo
de 2012
(2)
“SITUACIÓN CARCELARIA EN COLOMBIA (I)”, Prisioneros de Guerra del Bloque Iván
Ríos de las FARC-EP, 04 de Agosto 2011. www.resistencia-colombia.org
(3)
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia
(4) http://www.traspasalosmuros.net/node/710
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Traspasa los muros
